"Antecedentes de la lucha contra la deuda"

‪(Documento hallado por la red)

59 personas heridas durante un carga policial en una concentración pacifica en las escaleras del congreso para pedir la abolición de la deuda externa.

http://youtu.be/cVIe1CDrbLU

Un total de 107 años de prisión por 14 delitos de lesiones graves, 45 faltas de lesiones y seis delitos de detención ilegal. Ésta es la condena que reclamó la acusación particular para el inspector de policía Juan Antonio Neira Canalejo, el subinspector Sebastián Casillas García (uno de los mandos más antiguos de la ciudad), y tres agentes antidisturbios, en el juicio que entre el 9 y el 19 de febrero ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Madrid.

Los hechos juzgados se remontan al 20 de noviembre de 2000, en el transcurso de una manifestación convocada por la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), colectivo fundado un año antes en torno a las Plataformas 0,7% que reivindican la cesión de ese porcentaje del PIB para cooperación al desarrollo. La marcha, en la que participaron cerca de 3.000 personas, reclamaba una consulta social en torno a esta cuestión. A la altura del monumento a Neptuno, 200 manifestantes se aproximaron al Congreso de los Diputados para desplegar una pancarta y leer un comunicado. Simbólicamente, realizaron una sentada en la escalinata y fue entonces cuando se produjo la carga policial que se saldó con 59 heridos, 14 de ellos graves, y siete detenciones.

Tras las primeras denuncias, se inició un tortuoso proceso penal que ha durado cerca de ocho años, y que se ha caracterizado por un constante aplazamiento de los trámites y numerosas trabas para la admisión de pruebas. Incluso, según la acusación, la Policía Judicial obstaculizó la identificación de los agentes implicados. La Fiscalía tampoco facilitó el proceso, al considerar que no había indicios de delito en la carga. Finalmente, el proceso se centró en cinco policías y se concretaron los cargos de lesiones y de detención ilegal.

Durante la vista, los antidisturbios acusados apelaron al tiempo transcurrido para evitar recordar su participación, e intentaron ampararse en la dificultad de ser identificados puesto que iban uniformados y no portaban placas identificativas. Declararon no reconocerse en las imágenes aportadas como pruebas, pero sí que entraron en valoraciones personales sobre el uso de defensas (“que no hacen daño”), incluyendo las no reglamentarias, como las porras eléctricas que el inspector solicitó poder utilizar ese día a sus superiores.

Por su parte, los mandos adujeron haber ejecutado órdenes de instancias superiores (“obediencia debida”) y acusaron a los manifestantes –un “grupo organizado”– de ofrecer resistencia activa, llegando incluso a vincularlos con la kale borroka.

Sus abogados defensores, por su parte, rechazaron citar a quienes dieron las órdenes o las grabaciones de radio, e insistieron en probar la supuesta desobediencia de los manifestantes, pese a las imágenes, en las que únicamente se observa a estos diciendo: “Tened cuidado, son personas” o “qué vergüenza, qué vergüenza”.

Cabe destacar que además de los cuatro abogados defensores de los policías, el abogado del Estado, responsable civil subsidiario, y la Fiscalía se han posicionado claramente del lado de los agentes. El ministerio público llegó a preguntarse, ante la insistencia de la acusación sobre la brutalidad policial: “¿Qué pretende, que los antidisturbios sean hermanitas de la caridad? Es posible que se propasaran, pero la provocación –se sentaron nada menos que en la puerta del Congreso– estaba ahí. Es lógico que haya contusiones: una porra hace daño. Que haya que dar puntos de sutura es normal”.

El alegato del abogado de la acusación particular concluyó solicitando una sentencia que “en cualquiera de los casos diga que lo sucedido no está ajustado al derecho, que es inaceptable y que esa actuación pertenece a otra época”. Una sentencia que deje claro “que los cuerpos policiales deben estar sometidos a principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y que deben velar por la integridad física de los detenidos y no tratarlos a patadas. Solicito que la sentencia diga que la policía no está para cercenar derechos y libertades de los ciudadanos”.

Bajo las órdenes del entonces delegado del Gobierno Francisco Javier Ansuátegui, reprimieron brutalmente a un grupo de manifestantes que realizaba una sentada pacífica en las escaleras del Congreso de los Diputados;
La inexplicable actuación policial contra los manifestantes a base de porrazos, patadas, insultos y pelotas de goma a corta distancia, fue ampliamente difundida por los medios de comunicación, y cuestionada por el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien, en una comparecencia en el Congreso y ante varias preguntas parlamentarias, reconoció que hubo un comportamiento “excesivo” por parte de la policía.

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